El 8 de marzo de 2017, 41 adolescentes murieron calcinadas y otras 15 sufrieron quemaduras graves, en un incendio provocado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala.
Eran parte de un grupo de al menos 100 adolescentes de entre 14 y 17 años, que estaban "castigadas" porque un día anterior se fugaron, hartas del maltrato que sufrían en la institución.
Del grupo de jóvenes que se fugaron, 51 fueron retornadas al albergue, encerradas en una pequeña aula de apenas 7 metros por 6 metros, sin derecho a ir al baño, obligadas a realizar sus necesidades y comer en el mismo salón.
Una de las internas prendió fuego a un colchón, como medida de presión para que las sacaran de allí, presas del pánico golpearon la puerta.
"Que se quemen esas hijas de la gran p..., a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir", se escuchó decir a Lucinda Marroquín, subinspectora de policía. La exfuncionaria esperó 9 minutos para abrir el salón, pero el fuego ya se había propagado y 36 adolescentes ya habían muerto o agonizaban por las quemaduras, cinco más murieron en días posteriores, solo 15 vivieron para contar lo que ocurrió en aquel infierno.
La tragedia ahora es conocida como “Caso Hogar Seguro”. Foto: Cortesía/AFPEl caso ahora es conocido como "caso Hogar Seguro", que concluyó con penas de cárcel de entre 25 y 6 años para seis funcionarios acusados de provocar la tragedia. Las condenas fueron dictadas por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Ciudad de Guatemala, año y medio después del inicio del juicio.
Las penas más altas fueron para Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro, y Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, condenados a 25 años de cárcel cada uno.
Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social y Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la Policía Nacional Civil, recibieron penas de 12 años de prisión.
Para Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil, fueron 11 años y 6 para Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Todos ellos se habían declarado inocentes de los cargos y le habían pedido a la magistrada ser absueltos.
"Yo lamento mucho lo que sucedió ese día, soy madre y no sería capaz de hacer lo que aquí se dice", alegó Lucinda Marroquín, quien enfrentaba los cargos de maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo.
Por su parte, Gloria Castro aseguró que la Fiscalía no logró demostrar el incumplimiento de deberes por el que la acusaban. "Un resguardo fue lo que siempre pedimos", sostuvo.
Ambas fueron condenadas a penas de cárcel, como otros cuatro de los acusados. Mientras, Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto ante la falta de pruebas de los cargos que se le imputaban.
El proceso empezó con ocho acusados, pero Anahí Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, fue separada del juicio después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgara un amparo provisional.
Durante todo el procedimiento legal se presentaron como medios de prueba unos 600 documentos, 42 peritajes y 45 testimonios.
Además de dictar la sentencia, la jueza ordenó una serie de investigaciones, entre ellas una con el objetivo de aclarar la posible participación del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) en el caso. Y convocó una audiencia de reparación justa para este jueves 14 de agosto.
Las supervivientes de la tragedia y familiares de víctimas, quienes siguieron la audiencia sin poder contener el llanto, recibieron el fallo con júbilo, como también lo hicieron sus representantes legales y grupos de apoyo presentes en la sala.
