El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que ha abierto una investigación contra la aspirante a la Presidencia por la oposición y periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), por presunto lavado de dinero.
La investigación contra la comunicadora y candidata presidencial se produce a menos de seis meses de que se celebren las elecciones generales, en las que el presidente de Nicaragua, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios lo es en su calidad de directora ejecutiva de la "Fundación Violeta Barrios de Chamorro", dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, cargo al que ella renunció en enero pasado.
"La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia" incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", sostuvo el Ministerio de Gobernación en una nota de prensa.
También añadió que "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente", y citó a Chamorro Barrios, de 67 años, así como a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, "para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019".
Agentes policiales fueron desplegados en las oficinas donde funcionaba esa ONG. También en la redacción del diario digital Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana.
Chamorro Barrios, fundadora de la "Fundación", anunció en enero pasado el cierre de operaciones como consecuencia de la controvertida Ley Reguladora de Agentes Extranjeros de Nicaragua, promovida y aprobada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
Entonces, la también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza, señaló en un escrito a Ortega que estaba, con esa ley, "asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios", y de pretender declarar extranjero a un nicaragüense en su propio país.
La también vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa personalmente interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de esa ley, que, a su juicio, "es también una agresión más contra la comunidad internacional".
Conocida en Nicaragua como "Ley Putin" por los opositores, establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna", un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades.
