El director del Sistema Penitenciario de Estelí, ha venido desacatando las órdenes de libertad emitidas por las autoridades judiciales. Esta práctica la mantiene el sistema penitenciario de Estelí desde el 2009, según el asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) de Estelí, Alberto Rosales.
Aseguró Rosales que desde el 2009 han documentado muchos casos en los que los jueces y los magistrados emiten orden de libertad y el alcaide no la cumple cayendo en los presuntos delitos de desacato y detención ilegal violentando el derecho universal de la libertad individual al que Nicaragua está obligada garantizar a sus ciudadanos, dijo Rosales.
El asesor legal del Cenidh dijo que la Fiscalía está obligada abrir una investigación y hacer una acusación.
Toda esta situación se está dando en Estelí y otros sistemas penitenciarios a pesar del examen periódico de Las Naciones Unidas que manda a investigar y aclarar los casos de detención ilegal denunciados que viola el derecho de la libertad individual consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Rosales explicó que cada año han mandado cada uno de los casos documentados sobre estas detenciones ilegales al Ministerio de Gobernación y no han tenido ni una sola respuesta.
Igual siguen pidiendo al Ministerio de Gobernación que les permita entrar a los sistemas penitenciarios para verificar las condiciones en las que están los reos a como también lo ha pedido el comité internacional contra la tortura y tampoco hay repuesta.
El experto Constitucionalista Gabriel Álvarez quien recientemente estuvo en Estelí, dijo que “los magistrados no deberían de seguirse haciendo de la vista gorda” y dar declaraciones de que están multando al alcaide, porque el desacato es un problema grave que afecta derechos humanos fundamentales.
Además de que las autoridades judiciales no deben descartar valerse de la fuerza pública para el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Álvarez dijo que es una responsabilidad del Ministerio Público hacer las investigaciones sobre supuesto delito que estaría cometiendo el funcionario público y hacer la acusación si fuera el caso.
