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La falta de cumplimiento de órdenes de libertad a favor de muchos reos que ya cumplieron sus condenas en el Sistema Penitenciario Puertas de La Esperanza de Estelí, obligó a varios familiares de los reclusos a protestar en demanda de su excarcelación.
Según información brindada por familiares y miembros del patronato de reos, solo en el centro penal de Estelí, que abarca también Nueva Segovia y Madriz, existen alrededor de 30 presos que cuentan con su carta de libertad, pero siguen secuestrados tras los barrotes.
El que menos tiempo tiene de haber cumplido la pena, la alcanzó hace unos 15 días, otros un mes e incluso hasta un año como el caso de un extranjero de origen hondureño, del cual cuya familia se cansó de insistir en que lo dejaran en libertad.
Xiomara Figueroa y Carlos Alfaro, quienes vinieron desde Nueva Segovia a exigir la libertad de sus familiares, dijeron que es una violación de sus derechos y exigen al Ministerio de Gobernación que ponga en libertad a todos los reos que ya cumplieron condena. “Algunos de los privados de libertad ya llevan entre dos y 3 meses que cumplieron sus penas”, comentaron.
Por su parte, Auxiliadora Martínez y Pilar Garmendia Palacios, dijeron no explicarse los motivos del porqué las autoridades del Sistema Penitenciario se niegan a dejar libre a estas personas que ya pagaron su condena.
“Por que la persona una vez que cumple su condena, debe quedar libre, pero no es así, los mantienen aún detenidos, nosotros necesitamos que los pongan en libertad”, manifestaron las protestantes.
Actualmente en el centro penal de Estelí existen más de mil privados de libertad y las celdas fueron construidas para atender a unos 650, lo que significa que hay una sobrepoblación de prisioneros.
En lo que va del año, suman más de 9 las órdenes de libertad emitidas por el Poder Judicial en el departamento de Estelí y que el alcaide dice que no cumplirá porque deben ser enviadas a revisión a Managua, según el magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, Roberto Petray.
“Es una amplia violación a los derechos humanos”, dijo Petray quien también aseguró que el abogado de cada uno de esos detenidos ilegalmente puede acusar por la vía penal al funcionario porque estaría presuntamente cometiendo tres delitos: desacato, incumplimiento de deberes como funcionario público y abuso de autoridad, según explicó Petray.
“Oscar Ramiro Silva López tiene 3 meses de que se le extendió la orden de libertad y allí sigue, Mario Bismark Rodríguez y los hermanos Herrera de Jalapa allí siguen presos y teniendo orden de libertad”, expresó el magistrado.
Asimismo refirió que cuando llegan los jueces de ejecución al sistema penitenciario, al funcionario no le gusta recibirlos y cuando lo hace les dice que no le sigan mandando más recursos porque nos los cumplirá.
