Colaborador
Yessenia Centeno
Dos personas originarias del departamento de Chinandega renunciaron este viernes a un juicio oral y público, y admitieron ante la juez de distrito penal de juicio en Estelí que ambos cometieron los delitos de tráfico de migrantes ilegales y que intentaron sobornar a un agente policial para evitar ir a la cárcel.
Emilio Laínez Rodríguez y Orvin Eduardo Laínez Paz originarios del municipio de San Francisco del norte, son acusados de trasladar a ocho personas indocumentadas, seis de nacionalidad cubana y dos de origen serbios, e intentar sobornar a un oficial de la policía de Estelí a quien ofrecieron 460 dólares acción que es penada y tipificada por la ley como delito de cohecho.
En los alegatos de apertura del juicio, el fiscal auxiliar Marvin Delgadillo alegó que los acusados fueron detenidos el sábado 15 de octubre cuando ambos recibieron en la Shell Esquipulas en Estelí a ocho migrantes procedentes de Managua que viajaron hasta esta ciudad en una unidad de transporte colectivo, para luego trasladarlos hasta la frontera norte con el vecino país de Honduras.
Entre las pruebas destacó una camioneta color blanco en la que llevaban a los indocumentados y 460 dólares en efectivo con los cuales los acusados intentaron comprar el silencio de un agente de tránsito, sin embargo ambos dijeron a la juez Elizabeth Corea que renunciaban al proceso judicial y pidieron penas mínimas por sus acciones.
Aunque la acusación establecía que ambos acusados cobraban dinero por el traslado de los indocumentados, el abogado Alfredo Lira Castillo dijo a noticias ABC que esta acción no se logró comprobar y que sus clientes lo que admitieron fue haber cometido una imprudencia y que por nervios ofrecieron dinero al uniformado.
Cabe señalar que en la Shell Esquipulas según la fiscalía, los acusados acomodaron a los migrantes ilegales en la camioneta blanca y continuaron su viaje por la vía panamericana a la salida norte de la ciudad de Estelí. Apenas habían recorrido unos siete kilómetros cuando la camioneta fue detenida por un retén policial ubicado en las cercanías de las comunidades del Dorado y el Jícaro, jurisdicción del municipio de Estelí.
Luego que los agentes de tránsito constataran que las ocho personas viajaban de manera ilegal, procedieron a trasladarlos al edificio policial Boris Vega en esta misma ciudad, según la acusación ese momento fue aprovechado por Emilio Laínez Rodríguez quien presuntamente le pidió al uniformado aceptara la cantidad de cuatrocientos cincuentas dólares a cambio que les dejara ir a ellos y los extranjeros ilegales.
Al verificar que se trataba del presunto tráfico de migrantes, las autoridades procedieron remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores a los cubanos y serbios que eran transportados ilegalmente
