El 30 de julio, una niña de 13 años de edad murió momentos después de dar a luz en Laguna de Perlas, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Este hecho ha causado conmoción y polémica entre pobladores.
Por lo tanto, abogados y organismos defensores de mujeres recuerdan que esta situación podría constituir un delito de violación contra la menor de edad, quien además del abuso tuvo que enfrentarse a un embarazo no deseado y morir al dar a luz.
Además, algunas personas normalizan los noviazgos de menores de edad con adultos, por lo tanto, Belky Reyes, responsable de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, en Estelí, insta a continuar educando sobre estos temas a la sociedad en general para prevenir más casos de abuso.
Belky considera que debe haber más acciones de las autoridades al respecto, para dar a conocer y cumplir el marco jurídico y normativo de nuestro país. De la misma manera, Belky señala que la sociedad debe dejar de juzgar a las víctimas y empezar a reconocer la responsabilidad del autor del delito.
"En Nicaragua la frecuencia de la violencia contra las niñas y adolescentes alcanza niveles de epidemia, cada año centenares de niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, en su mayoría por hombres cercanos a su entorno, vemos también que ninguna institución del Estado registra los embarazos producto de violación", explicó la defensora.
"Centroamérica presenta la estadística más alta a nivel mundial de niñas embarazas, además vemos en redes sociales que la niña después de muerta sigue siendo juzgada, no sabemos que tuvo que pasar y no buscan al verdadero responsable, quien la embarazó, hay muchos responsables en esto", criticó Belky.
Por su parte, el abogado esteliano Axel Rizo Cruz indicó que el Código Penal de Nicaragua establece en su artículo 168 las violaciones contra menores de 14 años de edad, sea que el acto se haya cometido con o sin el consentimiento de la víctima, debido a su situación de vulnerabilidad.
"La responsabilidad del delito va para la persona o las personas que incurrieron en ejecutar la acción, ya sea con o sin consentimiento de la víctima, debe ser sancionado con una pena que va de los 12 a 15 años de cárcel, según estime conveniente la autoridad judicial", explicó el abogado.
Tanto Axel como Belky consideran que la penalización para la interrupción de embarazos en cualquier circunstancia es otra situación que obliga a las niñas y adolescentes a poner en riesgo su vida. La iglesia y gran parte de la sociedad catalogan la interrupción del embarazo como una violación al derecho a la vida del ser humano en gestación.
