La juez Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, ordenó el pasado viernes suspender en el desempeño de su cargo a la alcaldesa liberal Reyna Hernández Mairena del municipio de Wiwilí, como supuesta medida cautelar, por lo que la perjudicada queda inhibida de ejercer sus funciones como tal.
Esta medida es ordenada después que el miércoles 10 de junio, la judicial declaró rebelde a la alcaldesa porque no asistió a una audiencia donde la acusan de presunta desobediencia o desacato a la autoridad, en perjuicio de la administración de justicia.
La petición de rebeldía y orden de captura la hizo el fiscal Marlon Rolando Leiva Flores, mismo que pidió la suspensión del cargo de la alcaldesa. Dicha solicitud fue presentada por el Ministerio Público a la 1:20 de la tarde del viernes 12 de junio y la judicial resolvió el mismo día a las 2:15 de la tarde, es decir 55 minutos después.
Sin embargo, la defensa presentó un incidente de nulidad el 9 de junio del año 2020 a las 3 de la tarde y la juez sigue sin resolver.
Oscar Gadea, alcalde de Pantasma, Jinotega. Foto: Cortesía Ante la orden de captura contra la alcaldesa se pronunció el ingeniero Oscar Gadea, alcalde de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, representante de los alcaldes del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), quien considera que tales acciones se deben meramente a intereses políticos, tal y como ocurre con la reducción de transferencias presupuestarias.
"Hacerle un llamado a las personas demócratas, sin distingo, aquí todos los nicaragüenses que tenemos el mismo ideal del cambio en nuestra Nación debemos estar unidos cuando se da este tipo de problemas. Ella no debe de tener, debe responderle al pueblo que la eligió, como ya les ha respondido hasta el último momento doña Reyna Hernández, el pueblo de Wiwilí debe estar más unido que nunca", expresó Gadea.
El proceso judicial contra la alcaldesa liberal, Reyna Hernández Mairena, inició con el despido de 36 trabajadores de la administración anterior bajo el partido de gobierno, quienes ganaron la demandan ante el Ministerio del Trabajo por el reclamo de sus liquidaciones, que superan los 16 millones de córdobas.
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El abogado defensor de la alcaldesa, Maynor Antonio Curtis, explicó que la Ley 815, del Código Procesal del Trabajo, y de la Seguridad Social de Nicaragua en los artículos 154 y 155, resumen que en caso de que no hubiere disponibilidad presupuestaria para cumplir las sentencias de manera inmediata, será responsable de la ejecución de éstas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso del Estado, y en el caso de las municipalidades lo será el Concejo Municipal.
"A quien deberían estar juzgando es al Concejo, no a la alcaldesa, porque el Concejo es el encargado de eso. La jueza laboral erróneamente o malintencionadamente dice que la alcaldesa es la representante del Concejo y eso es un error, la Ley 40, Ley de Municipios dice que la alcaldesa es la representante legal del municipio pero no del Concejo", sostuvo Curtis.
"Si existiera el delito a quien deben de juzgar es al Concejo, pero no lo hacen porque el Concejo tiene 26 miembros y de esos 26, 13 son sandinistas, entonces no van a procesar ellos a su misma gente", agregó el abogado.
