Todo comenzó con el despido de 36 trabajadores de la administración anterior bajo el partido de gobierno, quienes ganaron la demandan ante el Ministerio del Trabajo por el reclamo de sus liquidaciones, que superan los 16 millones de córdobas.
Ante la impagable suma, debido a la reducción presupuestaria por las transferencias de gobierno y baja recaudación, la alcaldesa liberal de Wiwilí, Jinotega, Reyna Hernández Mairena, enfrenta un proceso judicial por el delito de desobediencia y desacato.
La funcionara enfrentaba el proceso en libertad bajo la medida de presentación periódica al Juzgado de Jinotega, debido a que la juez local de Wiwilí se mostró incompetente para realizar el proceso y el caso fue enviado a la cabecera departamental.
Para el 10 de junio en la audiencia preparatoria del juicio, el acta de la misma especifica que la acusada Reyna Hernández Mairena y su abogado defensor Maynor Antonio Curtis Lovo no comparecieron, razón por la cual la jueza del juzgado Local Penal, Diana Isabel Jarquín Valle, declara rebelde a la acusada y gira la correspondiente orden de captura.
Por su parte, el doctor Maynor Curtis, abogado que lleva el caso, explicó a Noticias ABC que se trata de un proceso meramente político, pues de un día a otro reprogramaron la fecha de juicio, según la jueza "por motivos de fuerza mayor", pero a criterio del abogado defensor no fue fundamentada la razón. Anteriormente la defensa había presentado un incidente de nulidad por el cambio de jurisdicción.
Sin embargo, Curtis asegura que el miércoles 10 de junio llegaron a los juzgados y el guarda de seguridad les comunicó que todas las actividades estaban suspendidas porque supuestamente iban a fumigar, razón por la que todos regresaron a su casa.
Curtis cita el artículo 267 del Código Procesal Penal: "Si no comparece el imputado a la audiencia se le dará un término de 24 horas, de lo contrario se le declara en rebeldía", pero en este caso, no se cumplió el plazo. "A todas luces la intención es meterla presa para destituirla, aquí hay una conspiración de la juez del distrito laboral de Matagalpa, jueces, Ministerio Público y policía", expresó el abogado.
La otra razón que expone la defensa de la alcaldesa Hernández es que cuando hay un incidente de nulidad, primero se tiene que evacuar, previo a cualquier acción. "Lo que voy hacer es presentar el lunes otro escrito donde la alcaldesa me nombra nuevamente su abogado y además presentaré un recurso de exhibición personal alegando que la orden de captura es completamente ilegal. Lo que si tememos ahora es que se le decrete la prisión preventiva".
Caber recordar que el pasado 27 de abril, los bienes de la municipalidad fueron embargados, incluida la camioneta en la que se movilizaba la alcaldesa para realizar las gestiones propias de su cargo de elección popular.
En este sentido, el abogado Maynor Antonio Curtis explicó que la Ley 815, del Código Procesal del Trabajo, y de la Seguridad Social de Nicaragua en los artículos 154 y 155, resumen que en caso de que no hubiere disponibilidad presupuestaria para cumplir las sentencias de manera inmediata, será responsable de la ejecución de éstas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso del Estado, y en el caso de las municipalidades lo será el Concejo Municipal.
"A quien debería de estar juzgando es al Concejo no a la alcaldesa, pero no lo hacen porque 13 concejales son sandinistas y no pueden procesar a su misma gente, debido a que las alcaldías opositoras quieren ser desaparecidas", sostuvo Curtis.
