Como una violación de derechos humanos es considerado el trato contra aquellos privados de libertad del Sistema Penitenciario Puerta de La Esperanza de Estelí, que cuentan con orden de libertad y que se encuentran en situación de riesgo por complicaciones de salud.
Uno de estos casos es el del reo Néstor Antonio Quevedo Vanegas, de 29 años de edad, quien además de haber cumplido un 90 por ciento de su pena por el delito de tráfico de droga y ser operado en sus testículos, no ha sido liberado.
Los familiares, a través de su abogado Carlos Castillo, dijeron que el joven que está detenido desde marzo del 2015 y es residente de la zona de Miraflor - Estelí, tuvo que ser llevado de emergencia por los custodias al hospital San Juan de Dios, por su delicado estado de salud.
"No tienen condiciones para que él esté ahí y aún así, el sistema lo mantiene bajo cárcel y en custodia. Tenemos dos órdenes de libertad y ninguna se ha acatado. De emergencia metimos un incidente de enfermedad, vamos a ver si por ese lado (funciona)", explicó el abogado Castillo.
"A este muchacho solo le faltan dos meses para cumplir su pena de 5 años, pero tememos que lo vayan a sacar muerto. Es una cuestión de derechos constitucionales y humanos que está violentando el Sistema Penitenciario. Nos llevamos una sorpresa con los indultos recientes, salió un montón de gente, menos mi representado", añadió el litigante.
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Joven embarazada
Otro caso similar es el de la jovencita María Fernanda García Dávila, de 18 años de edad, quien a pesar de contar con una orden de libertad por tener un embarazo de alto riesgo, las autoridades del centro penal de Estelí no han acatado la resolución emitida por una judicial.
García Dávila es acusada por el presunto delito de tráfico de droga y de integrar la supuesta banda denominada por la policía como Las Loritas. Ella se encuentra detenida desde el mes de noviembre del año pasado.
El abogado defensor de la acusada, Harold Ramírez, dijo que el juicio estaba previsto para ayer, pero fue reprogramado para el próximo 15 de enero, ya que los custodios del centro penal no la llevaron ni a ella ni a los otros involucrados en la misma causa.
Ramírez indicó que "en su momento el Distrito Penal de Audiencias emitió una orden de libertad a su favor, tomando en cuenta que existe un embarazo de alto riesgo que puede perjudicar a mi representada y al menor que está por nacer, pero que el Sistema Penitenciario no ha acatado la orden emitida por la señora juez".
"Para nosotros es lamentable que el penal no haya puesto cartas en el asunto, considerando que la joven tiene programada una cesárea de alto riesgo y nosotros queremos a través de este medio hacer llegar la información para que se acate la orden", manifestó el abogado de la joven embarazada.
