Nicaragua, 10 de Julio de 2018 | Peligro corre actualmente la profesión del periodista que al igual que otros gremios se ve constantemente intimidada y agredida por quienes desean contar solo una parte de la historia.
Desde que iniciaron las protestas el pasado 18 de abril, se han evidenciado las agresiones hacia los hombres y mujeres de prensa a quienes han despojado de sus equipos de trabajo, golepado, calumniado y denigrado a través de redes sociales, les han hecho amenazas de muerte y hasta imputarle delitos para llevarlos a la cárcel.
En esta línea de riesgo se encuentra el periodista y corresponsal de La Prensa William Aragón quien ejerce su trabajo en Madriz, y quien ha denunciado ante organismos de Derechos Humanos las amenazas en su contra y la última de querer llevarlo a la cárcel.
A William lo estarían acusando de pretender quemar alcaldías de San Lucas, Somoto y San Juan de Río Coco. Además que financiaba y organizaba el tranque que estuvo ubicado en Salamasí en Yalagüina.
Además de dirigir ataques contra sandinistas en el tranque que fue desalojado en el municipio de La Trinidad departamento de Estelí, donde resultaron heridos algunos funcionarios públicos, lo habrían visto dirigiendo ataques.
Se hizo la denuncia pública en redes sociales, además ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACDH), y para este lunes tenía pensado introducir un Habeas Corpus, ante el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias de Estelí.
"Nos advirtieron de que la orden de captura ya estaba y que nos iban a detener en la calle, íbamos con la doctora Claudia Marieta Medina y el abogado Daniel Mendiola Salinas, porque los tres salimos involucrados, e incluso me señalan de disparar contra siete viviendas incluidas la de la doctora Media y Mendiola", relata Aragón
Para el corresponsal del diario La Prensa, su trabajo se ha limitado a informar de lo que ha estado pasando en el departamento de Madriz, las manifestaciones e incluso las actividades del gobierno.
Ayer en Diriamba Carazo, equipos periodísticos de medios independientes, fueron atacados y despojados de sus medios de trabajo durante la cobertura que hacían en la Iglesia San Sebastián.
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Con el rostro ensangrentado Jackson Orozco de Cien por ciento Noticias, relataba lo sucedido. "Me dieron puñetazo en la nariz, en el estomago, varias partes del cuerpo y la cabeza. Desde que entré me comenzaron a asediar, no sé de mi camarógrafo y me robaron la cámara".
La periodista Ileana Lacayo es una nicaragüense más que se vio obligada a salir del país por temor a perder su vida. A ella se le quiso involucrar en la muerte de su colega Ángel Gahona y de organizar las protestas en Bluefielda.
En entrevista a Cien Por Ciento Noticias, Ileana Lacayo dijo que los acosos primero fueron desde las redes sociales, posteriormente trataron de montar un caso en su contra donde testigos fueron obligados a señalarla como la principal organizadora de todas las manifestaciones que terminaron con el asesinato de Ángel. Ella vio que la situación iba en crecida y cuando la amenaza se hizo mayor con apoyo de algunas organizaciones la sacaron hacia Costa Rica.
El colega Paco Espinoza, realizaba la tarde de este lunes una transmisión en vivo desde el barrio Sandino de Jinotega, ahí mientras se quitaban las barricadas una oficial de policía lo amenazó de muerte.
Espinoza señala a la Teniente Verónica Gutiérrez, Jefa de Criminalística de Jinotega quien además le tomó fotos y videos cuando realizaba la cobertura
Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro lleva en registro 195 casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Nicaragua entre los meses de abril y julio.
En un informe asegura además que en ese período el Gobierno recrudeció la censura, hostigamiento y persecución a los medios de comunicación independiente.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para Aníbal Toruño y personal de Radio Darío de León, emisora que fue quemada en el mes de abril pero dos miembros de su equipo denunciaron que fueron agredidos el pasado viernes cuando hacían una cobertura.
Las medidas cautelares quieren decir que el Estado adoptará medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus labores como periodistas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas e incluye medidas de protección a las instalaciones de la radio.
