Medios nacionales informaron que la policía llegó este miércoles 02 de junio a la casa de la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, tras que le giraran orden de allanamiento y captura. La información fue confirmada por el equipo de prensa de la ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
"La doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de Allanamiento y Detención en contra de Cristiana María Chamorro Barríos, acusada por los delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense", indica la nota de prensa del Poder Judicial.
"La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada", agregan.
"Chavarría también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le ejecutará la respectiva audiencia", subraya la nota.
"Esto es un atropello, la Policía no nos dejó entrar, no hemos podido comunicarnos con ella", dijo Verónica Lacayo, hermana del difunto Antonio Lacayo, esposo de Cristiana. Además, Verónica dijo que al momento del allanamiento, Cristiana se encontraba con su hija.
En la casa de Chamorro se encuentra un dispositivo policial, que según medios independientes, ha agredido a familiares de la opositora y a periodistas que dan cobertura. Hasta el momento se desconoce la situación de la precandidata, informó La Prensa.
Afuera de la casa de Chamorro se mantiene un fuerte dispositivo policial. Foto: Cortesía/La PrensaOEA rechaza inhabilitación de Chamorro
En un comunicado de prensa, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua.
"Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como ésta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral", advierten.
"La utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y pre cautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte", agrega el comunicado.
Por el caso de la precandidata presidencial han sido citados varios periodistas. Foto: Cortesía/Nicaragua ActualCOSEP critica falta de voluntad gubernamental
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se refirió al caso de Cristiana Chamorro, señalando que las acusaciones en contra de la popular opositora tienen "la clara e inconstitucional intención, de evitar que ella pueda participar como candidata presidencial en el proceso electoral de noviembre próximo; situación que evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas en nuestro país y así obtener ventajas partidarias que les permitan mantenerse ilegítimamente en el poder".
"La solicitud del Ministerio Público y la posterior resolución del Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua, dando lugar a las medidas solicitadas, constituyen una clara violación a sus derechos políticos por cuanto el Artículo 47 de la Constitución Política establece: que los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil", señala el COSEP.
Según el COSEP, es "obligación denunciar ante la nación y la comunidad internacional que las actuaciones del Sistema de Justicia Nicaragüense se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica, el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país".
