Periodista
Juan Francisco Dávila Matute
Pese a que la acusación presentada por el Ministerio Público contra dos ex miembros de la Asociación de Ciegos en Estelí fue bastante amplia, no fue admitida por la juez suplente de distrito penal de audiencia, tratándose de un robo que supera el millón de córdobas contra dicha entidad.
Los señalados en la acusación, en la cual se narra que el acto ilícito fue producto de la venta de unos equipos, son Vladimir Palacios Mairena, quien fungía como presidente de dicha organización y su hermano Uriel Antonio Palacios Mairena.
El hecho al parecer habría ocurrido entre el año 2014 y 2015, después que la asociación de no videntes obtuviera unas herramientas para la creación de una fábrica de cajas para puros, así como un taller y venta de bicicletas, pero éstas supuestamente se desaparecieron.
La judicial doctora Violeta Gutiérrez manifestó que dicha causa fue rechazada por no llenar los debidos requisitos que establece la ley para darle apertura al proceso, ya que hicieron falta elementos claves como claridad y precisión.
"Por el delito de hurto agravado, la persona que los acusa es el señor Jaime Ramón Chavarría Alaniz, quien es el representante de la Asociación de No Videntes de Nicaragua, con sede en Estelí. Esta acusación yo la rechacé porque no se cumple con los requisitos que manda el artículo 77 del Código Procesal Penal, que manda que la acusación debe ser clara, precisa y circunstanciada. Sin precisar una fecha exacta, un día, hora específica, ni ninguna otra circunstancia", explicó la judicial.
"Dice que los acusados Vladimir y Uriel Palacios Mairena trasladaron las herramientas a otra casa, propiedad de otra persona que también la señala en la acusación, sin embargo, no hace una imputación a ninguno de los acusados y nosotros no podemos andar actuando contra los derechos y garantías que tienen los acusados. Se les dejó claro a los acusados que (el caso) se archiva por el término de un año, tiempo que el Ministerio Público tiene para mejorar esa acusación, incluir más elementos de prueba si los hay y presentarla según lo manda la ley", sostuvo Gutiérrez.
Por su parte, al consultar al respecto al abogado defensor de los acusados en este caso, el licenciado Alfredo Miranda expresó que en la acusación no se establecía cual era el delito que se estaba imputando y cuál era la conducta ilícita del acusado. "Es una decisión acertada porque la acusación es una garantía constitucional porque la ley te exige que se deben cumplir presupuestos legales para que pueda ser admitida", dijo el abogado.
La Asociación de Ciegos de Estelí posteriormente realizará una conferencia de prensa para abordar este caso.
