El derecho a la vida es uno de los bienes jurídicos protegidos por el Estado sobre todas las cosas, algo que deben preservar hasta los mayores criminales que purgan condenas en los diferentes penales del país.
Basados en ese precepto constitucional muchos abogados apelan ante las autoridades judiciales y hasta los sistemas de prisión para cambiar los régimenes carcelarios de sus clientes. Sin embargo en los últimos años el Estado de hecho ha implementado una norma silenciosa según los mismos juristas.
Esta norma que está impuesta es que los acusados por droga, crimen organizado, violación sexual y hasta violencia, prácticamente quedan sin derecho a una defensa en igual de condiciones y tampoco tienen derecho a beneficios que son inherente a la persona humana.
"Mire doctora yo lo que le digo es que es de balde que me pongan todos esos años porque no los voy a aguantar, estoy enferma, mire mis pies como los ando hinchadísimos, yo le pido que me dé pena mínima para aguantar porque estoy enferma, padezco del corazón", dijo doña Catalina Fajardo acusada por tráfico de droga.
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Meses después falleció por esa causa a pesar de los esfuerzos hecho por el abogado que pedía casa por cárcel por le estado grave de su cliente.
En el mismo mes de enero de 2016 igual que doña Catalina, Noel Ramón Manzanares también condenado por tráfico falleció esperando que le dieran casa por cárcel. Ambos estaban en las celdas preventivas de la policía de Estelí.
Meses más tardes Cipriano López Díaz, de 35 años, quien cumplía una condena de 5 años en el Sistema Penitenciario Puertas de la Esperanza, por el delito relacionado al tráfico de droga, falleció porque supuestamente no fue auxiliado por las autoridades y no fue llevado a tiempo al hospital a pesar de que se quejaba del dolor.
De estos casos las autoridades nunca han dado una explicación a la población sobre el resultado de las investigaciones si es que se efectuaron.
